Por Nicolás Cipolla, Alexis Crocco y Matías Tejeda
Editor de la sección: Héctor O. Becerra, profesor de Ética y Deontología Profesional
Pronto se cumplen 25 años de la masacre de Ramallo. El robo al Banco Nación de aquella ciudad dejó a dos víctimas que trabajaban en el banco: el gerente Carlos Cháves, de 54 años, y el contador Carlos Santillán, de 59. El hecho sucedió después que los tres ladrones ingresaran al banco para robar y tomaran rehenes. Después de 21 horas, negociaciones mediante, mientras Martín Saldaña, uno de los ladrones, conversaba con el mediador, sus cómplices salieron con los rehenes en un auto Volkswagen, que era propiedad del gerente del banco. El propio gerente llevaba un explosivo en el cuello, manejaba, y al lado iba su esposa -Flora Lacave. El ladrón se escudaba con ellos. Atrás iban otro asaltante y el contador del banco Carlos Santillán, también como escudo. Al salir el auto circulaba en marcha lenta, con dos ladrones y tres rehenes como escudo. Muchos de los policías que rodeaban el banco empezaron a disparar contra el auto ante las cámaras de televisión que registraron el hecho. En pocos segundos hubo 170 disparos, de los cuales 46 dieron en el auto, los rehenes y los ladrones. Tanto Carlos Cháves como Carlos Santillán murieron dentro del auto. Flora Lacave se salvó al igual que Carlos Martínez, uno de los ladrones.
El rol que ocuparon los medios en la cobertura de este hecho fue muy criticado posteriormente por funcionarios del gobierno de aquel entonces. Tanto emisoras de radio como canales de televisión transmitieron durante aproximadamente 20 horas, realizando una cobertura que se denomina así: en tiempo real. El evento fue visto por miles de personas, entre ellas el presidente Carlos Menem y seguido minuto a minuto. Algunos periodistas de diferentes medios lograron comunicarse telefónicamente con los delincuentes. El primero en tomar contacto con ellos fue Samuel “Chiche” Gelblung, quien habló con dos de los ladrones durante más de una hora. La nota salió al aire -sin editar- por Radio 10. El ministro del interior, Carlos Corach, y el secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, fueron críticos sobre el accionar de los medios y los responsabilizaron por el trágico final que terminó con tres muertos. Consultado sobre lo sucedido el periodista y docente de ética Héctor Becerra explicó la necesidad de contextualizar la práctica periodística que se llevaba a cabo hace casi un cuarto de siglo, ya que en ese momento los periodistas tenían más credibilidad que los funcionarios públicos y las fuerzas de seguridad y eran demandados como mediadores.
Ante las críticas muchos periodistas salieron a defender el rol de los medios en esa cobertura, alegando que su intervención no tuvo nada que ver con el final del hecho y que solamente hicieron valer su deber de informar. Una de las que se pronunció fue la periodista Magdalena Ruiz Guiñazu, quien declaró en Clarín: “No se puede criticar a la prensa cuando no se explica la oscuridad que había alrededor del banco, que los delincuentes aprovecharon para fugarse o por qué no se tomaron precauciones en la puerta del garaje, cuando todos sabían que había un auto o que se haya hablado de seis delincuentes y después se dijera que eran tres”.
Mediante las acusaciones de Corach y Toma, se llegó a presentar un proyecto de ley bonaerense dos meses después de lo sucedido. Dicho proyecto, a cargo de Alberto Pierri, marcaba lo siguiente: “Prohíbese a los medios de comunicación social transmitir en forma directa un hecho delictivo que se estuviera cometiendo en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en el cual estén interviniendo fuerzas de seguridad o funcionarios del Poder Judicial”. Una propuesta que hubiera sido peligrosa y en la que se hubiera puesto en juego la censura, directamente a los medios, y atentado contra la libertad de expresión de los periodistas.
El gran problema o polémica se produce cuando se usaron a los asaltantes que son el objeto de la información como fuente directa. Durante esas entrevistas pareciera que algunos periodistas pasan a ser los protagonistas cuando, en realidad, el objeto de la información era el robo con toma de rehenes. Está claro que el tiroteo de los policías al auto, en el cual los ladrones intentaban escapar, no fue culpa de los medios. Pero sí se puede decir que la comunicación directa de, por ejemplo, Gelblung fue innecesaria y en algún punto pudo haber entorpecido el trabajo policial. En ese caso el periodista se apoya en la libertad de expresión, pero su accionar invita a la reflexión de sobre qué importa más: el rating y todas las repercusiones que eso conlleva o preservar la vida de las personas. En este caso parecía más importante conseguir la “gran” nota, en este caso a dos ladrones, en un momento de suma complejidad y en que se está desarrollando el hecho para enaltecer el nombre del medio. El famoso informar antes que otros o el conseguir la primicia a cualquier precio.
Otro debate que se abre gracias a esta cobertura, es si en este caso los conductores que realizaron la entrevista se vieron forzados a realizarla por el empuje u orden del medio, buscando lo antes mencionado: rating y visibilidad, generado por el interés comercial del medio. En ese caso el periodista tiene un derecho, la cláusula de conciencia, que lo respalda cuando sus ideales no son los mismos que la empresa/medio para el cual trabaja. Esto le permite estar en desacuerdo respecto a las órdenes que puede llegar a recibir cuando estas pueden ser dañinas para el público o él mismo.
En conclusión, podemos decir que los medios o los periodistas que trabajan en ellos deberían tener una responsabilidad ética y no siempre ir a buscar ese testimonio valioso o primicia. Específicamente en este caso, hay que entender que había víctimas, los rehenes, quienes estaban dentro del banco y que no sabían cómo podrían reaccionar los ladrones ante su comunicación con la prensa. Sumado a que el periodismo intervino directamente en una situación policial. No es lo mismo informar sobre el hecho desde el lugar de observador que hablar directamente con una de las personas involucradas. A partir de lo sucedido con la masacre de Ramallo, en la justicia se dictaminó no condenar a los bonaerenses, ni a los federales, ni al grupo halcón, ya que los grandes responsables de la tragedia habían sido los medios y su avidez por informar.
Fuentes:
Apuntes de ética y deontología periodística de Héctor Becerra.
Becerra, H. Comunicación personal.
https://www.clarin.com/sociedad/cobertura-medios-defendida-periodistas_0_rJmmZ2he0tx.html (nota periodística a Magdalena Ruiz Guiñazu)
https://www.pagina12.com.ar/1999/99-11/99-11-19/pag17.htm
https://tn.com.ar/policiales/20-anos-de-la-masacre-de-ramallo-la-toma-de-rehenes-que-termino-en-un-desastre-policial_994528/